En una decisión que marca un giro histórico en la política de seguridad y justicia, el Gobierno de la Nación ha promulgado este 9 de marzo de 2026 el nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, oficializada mediante el Decreto 138/2026, reemplaza la normativa que regía desde 1980 (Ley 22.278) y establece formalmente la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Claves de la nueva normativa
La reforma, sancionada definitivamente por el Senado el pasado 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra, introduce cambios estructurales en el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal:
–Edad de imputabilidad: Los jóvenes de entre 14 y 18 años ahora son penalmente responsables por sus actos delictivos. Anteriormente, los menores de 16 años eran considerados no punibles.
–Graduación de sanciones: La ley establece un sistema que prioriza medidas socioeducativas para delitos menores, pero contempla la reclusión efectiva en centros especializados para delitos graves como homicidio o abuso sexual.
–Penas máximas: En casos de homicidios cometidos por adolescentes, se contempla una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
–Medidas alternativas: Los jueces podrán disponer prohibiciones de salida del país, trabajos comunitarios o el uso de tobilleras electrónicas en casos de violencia intermedia.
Contexto y Debate Político
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue defendido por sectores del oficialismo como una herramienta necesaria para combatir la inseguridad y evitar que las organizaciones criminales «utilicen» a menores para cometer delitos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la medida indicando que ahora habrá «consecuencias penales concretas» para quienes roben o asesinen, sin importar su edad.
Por su parte, la oposición y diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la reforma, advirtiendo sobre una posible criminalización de la adolescencia y señalando que el sistema debe enfocarse más en la protección integral que en el castigo punitivo.
Implementación
Para garantizar la puesta en marcha de este nuevo régimen, el Estado ha asignado un presupuesto de más de $20 mil millones. Este fondo se destinará a la creación de establecimientos de reclusión exclusivos para jóvenes, asegurando que permanezcan separados del sistema carcelario de adultos bajo la supervisión de profesionales especializados.
